Crónica de una investigación

Introducción

Conocemos la situación por la que están pasando desde hace ya demasiado tiempo los empleados y jubilados públicos, afiliados por obligación a la obra social de la provincia, a la que permanentemente pagan por un servicio que reciben en forma intermitente.

Por lo tanto evitaré describir hechos que resultan de la gestión de quienes dirigen la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF), a la que no se sabe quién ni por qué le cambió el nombre por el de Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

La consecuencia de tal gestión y de las decisiones de quienes apoyan sus políticas es negar a los afiliados el Derecho Humano a la Salud; incumpliendo además con la Constitución provincial, desde su Preámbulo hasta los artículos que promueven y garantizan tal derecho. Tampoco respetan la Constitución nacional y toda la serie de tratados y convenciones que hace suyos el artículo 75 inciso 22.

Y aunque son muy claras esas consecuencias, todavía no entiendo si son el resultado de un problema político, o de gestión, o económico, o financiero, o estructural, o de una combinación de algunos o de todos estos.

Ante semejante descalabro, como cualquier ciudadano puede hacerlo y con la intención de iniciar una investigación para analizar de qué trata el asunto, el 2 de diciembre del año pasado solicité a la presidenta de la OSPTF Mariana Hruby cierta información sobre las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios 2019 a 2021, y el proyecto del presupuesto para el presente año.

No cabe duda que la documentación que pedí está en poder del organismo.

Según la Ley provincial de Derecho a la Información, la presidenta Hruby debería habérmela enviado el 20 de diciembre del año pasado o a más tardar el 5 de enero.

Pero tadavía no he recibido una respuesta pertinente a mi solicitud de información.

Pablo Zuliani

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